Posted by: anotherworldip | 10/30/2010

Iraq-WikiLeaks

Las cifras de muertos de la guerra de Iraq revelados por WikiLeaks sólo son la punta de

un iceberg

 

Nicolas Davies

Warisacrime.org

 

 

Los documentos sobre la guerra de Estados Unidos en Iraq publicados por WikiLeaks contenían datos de 15.000 iraquíes asesinados en incidentes no recogidos ni por los medios occidentales ni por el Ministerio de Sanidad de Iraq y que, por tanto, no figuraban en los recuentos de los muertos de guerra iraquíes de Iraqbodycount.org. Los medios occidentales se han puesto diligentemente a añadir estas 15.000 muertes a sus supuestas “estimaciones” de la cifra total de iraquíes asesinados en la guerra. Pero esa cifra es engañosa en grado sumo. Lo que las muertes no recogidas demuestran es que la metodología pasiva de esos recuentos es una forma deplorablemente equivocada de calcular el número de muertos en una zona de guerra. Esas 15.000 muertes son sólo la punta de un iceberg de cientos de miles de iraquíes asesinados de los que no se ha informado y que se han detectado través de estudios epidemiológicos más serios y científicos, pero que los gobiernos británico y estadounidense habían logrado anular confundiendo a los medios y a la gente acerca de sus métodos y exactitud.

No es nada inusual que en una zona de guerra se queden sin registrar gran número de muertos. La experiencia de los epidemiólogos que trabajan en las zonas de guerra por todo el mundo corrobora ese hecho, que la “búsqueda pasiva de información” de los muertos en una guerra sólo recoge entre el 5% y el 20% de la cifra total de muertes. Esto es consecuencia, parcialmente, de la transformada naturaleza de la guerra moderna. Alrededor del 86% de las personas asesinadas en la Primera Guerra Mundial eran combatientes uniformados cuyas identidades fueron meticulosamente registradas. El 90% de la gente asesinada en las guerras recientes han sido civiles, haciendo que el recuento y su identificación sea mucho más difícil.

En mi libro “Blood on our hands: the American invasión and destruction of Iraq”, expliqué los esfuerzos para contar los muertos en Iraq.  Lo que expongo a continuación es un fragmento bastante amplio del libro, y les insto a leerlo si realmente quieren aprehender la medida de la matanza masiva que nuestro país le ha infligido al pueblo de Iraq:

“El Ministerio de Sanidad del gobierno interino de Iraq empezó en 2004 a recoger cifras de mortalidad de civiles en los hospitales, y en junio de aquel año, empezó a desglosar las cifras de las personas muertas por las fuerzas de la resistencia de las de los muertos por las fuerzas ocupantes estadounidenses y sus aliados. A la corresponsal de Knight Ridder, Nancy Youssef, se le dieron cifras del período comprendido entre el 10 de junio y el 10 de septiembre de 2004, que ella expuso en el artículo del Miami Herald titulado ‘U.S. attacks, no insurgents, blamed for most Iraqi deaths’ [Los ataques estadounidenses, y no los insurgentes, son los culpables de la mayoría de las muertes iraquíes] (135).

Durante ese período de tres meses, el Ministerio de Sanidad contó hasta 1.295 iraquíes asesinados por las fuerzas ocupantes y 516 en lo que el Ministerio denominó como operaciones terroristas, pero se mostró conforme con los responsables de los hospitales que le dijeron a Youssef que esas cifras captaban sólo una parte del número total de víctimas. La oficina de prensa de la CENTCOM [Mando Central de EEUU] se negó a proporcionarle una estimación alternativa, aunque admitió que el mando estadounidense tenía una, y el Comité Internacional de la Cruz Roja le dijo que no tenía en Iraq personal suficiente como para poder recopilar esa información.

Youssef preguntó si algunos de los iraquíes registrados como muertos por las fuerzas ocupantes podían haber sido combatientes de la resistencia, pero el Dr. Shihab Yasim, de la sección de operaciones del Ministerio de Sanidad le dijo que el Ministerio estaba convencido de que casi todos los muertos eran civiles, porque un miembro de una familia no iría a informar al Ministerio de Sanidad, controlado por la ocupación, que su familiar había muerto combatiendo para el Ejército del Mahdi u otras fuerzas de la resistencia. Este punto de vista fue corroborado por el Dr. Yasin Mustaf, administrador adjunto del Hospital al-Kimdi en Bagdad: ‘La gente que participa en el conflicto no viene al hospital. Sus familias temen que les castiguen. Normalmente, es la gente civil inocente la que viene al hospital. Eso es lo que esas cifras reflejan’.

El Dr. Walid Hamed, otro responsable del Ministerio de Sanidad dijo a Youssef: ‘Todo el mundo tiene miedo de los estadounidenses, no de los combatientes. Y deberían temerles también’. Otro doctor con quien habló había perdido a su propio sobrino de tres años en un tiroteo en un control, y un doctor de la morgue de Bagdad le habló de una familia de ocho miembros asesinados por un helicóptero de combate en una azotea a la que habían subido a dormir para escapar de la canícula veraniega. En conjunto, las autoridades atribuían el alto número de víctimas civiles asesinadas por las fuerzas ocupantes más a los ataques aéreos que a los disparos de las fuerzas terrestres.

También en septiembre de 2004, un equipo internacional de epidemiólogos, dirigidos por Les Roberts y Gilbert Burnham, de la Escuela Johns Hopkins de Sanidad Pública, y los Dres. Lafta y Judhairi, de la Universidad Al-Mustansiriya de Bagdad, dirigieron el primero de dos estudios mucho más científicos sobre la mortalidad en Iraq. Ese estudio cubría los primeros dieciocho meses de guerra. Roberts había trabajado con un equipo conjunto del Centro para el Control de Enfermedades y con Médicos Sin Fronteras en Ruanda en 1994, y había dirigido estudios parecidos en zonas en guerra por todo el mundo. Las estimaciones de la mortalidad que encontró en la República Democrática del Congo (RDC) en 2000 fueron ampliamente citadas por los dirigentes británicos y estadounidenses y, tras ese informe, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas redactó una resolución que exigía la retirada de todas las fuerzas extranjeras de la RDC.

En Iraq, los epidemiólogos hallaron que: ‘se habían generalizado las muertes violentas… que se atribuían principalmente a las fuerzas de la coalición. La mayoría de las víctimas presuntamente asesinadas por esas fuerzas eran mujeres y niños… Haciendo un cálculo conservador, pensamos que ha habido un exceso de 100.000 muertos o más desde que se produjo la invasión de Iraq en 2003. La violencia responsable de la mayor parte del exceso de muertes y los ataques aéreos de las fuerzas de la coalición explican la mayor parte de las muertes violentas’. Ese informe se publicó en The Lancet, la revista médica británica, en noviembre de 2004 (136).

A la luz de las pruebas ya existentes que dejaban claro que los ataques aéreos de la ‘coalición’ habían matado a miles de civiles, tanto durante como después de la invasión, no había nada sorprendente en sus conclusiones. Sin embargo, los gobiernos británico y estadounidense rechazaron velozmente ese informe. Los medios estadounidenses, siguiendo con su tradición de deferencia hacia sus autoridades, tomaron ejemplo del gobierno y más o menos ignoraron el estudio. Tras la publicación del estudio del segundo equipo epidemiológico en 2006 (*), que cosechó un poco más de atención, el Presidente Bush dijo tan sólo: ‘No lo considero un informe creíble’.

El cinismo de esos desprecios oficiales quedó expuesto finalmente en otra serie de documentos británicos filtrados. El 26 de marzo de 2007, la BBC publicó un memorandum de Sir Roy Anderson, el científico asesor-jefe del Ministerio británico de Defensa, en el cual describía los métodos de los epidemiólogos como ‘lo más cercano a la buena práctica’ y el diseño del estudio como ‘robusto’. Esos documentos incluían memorandos enviados de ida y vuelta entre preocupados funcionarios británicos, que decían cosas como: ‘¿Estamos realmente seguros de que es probable que ese informe se ajuste a la verdad? Eso es ciertamente lo que implica el escrito’. Otro funcionario contestaba: ‘No aceptamos la exactitud de las cifras que aparecen en la investigación de The Lancet’, pero añadía, en el mismo email: ‘No podemos desechar la metodología de investigación utilizada, se trata de una forma probada y contrastada de medir la mortalidad en zonas de conflicto’ (137).

La metodología a la que los funcionarios británicos se referían se había basado en una ‘investigación mediante muestras de grupos’, el mismo tipo de estudio que Les Robert había utilizado en la República Democrática del Congo en 2000. El Primer Ministro Blair había citado públicamente esas cifras del estudio en la Conferencia de 2001 del Partido Laborista para justificar la política británica en África, pero rechazó el estudio realizado en Iraq declarando ante los periodistas en diciembre de 2004: ‘Las cifras aportadas por el Ministerio iraquí de Sanidad, que responden a una investigación realizada en sus hospitales, son, bajo nuestro punto de vista, la investigación más exacta existente’. Esto resulta de interés a la luz del informe de Youssef. Blair rechazó las cifras totales del informe de Lancet, pero evitó la pregunta, mucho más sensible, de quién había matado a toda esa gente, cuestión ésta en la que tanto el Ministerio de Sanidad como los epidemiólogos estaban completamente de acuerdo.

Los medios occidentales han venido citando al Ministerio de Sanidad iraquí a muy amplios niveles y a Iraqbodycount.org como fuentes de las cifras de mortalidad civil, pero ambos habían utilizado una metodología pasiva para contar las muertes, añadiendo simplemente aquellas de las que se había informado bien en los registros de los hospitales o en los relatos de los medios occidentales. La experiencia de los epidemiólogos que trabajan en las zonas de guerra por todo el mundo corrobora ese hecho, que la ‘búsqueda pasiva de información’ de las cifras de muertos en una guerra sólo capta entre el 5% y el 20% del total de muertes. Por esa razón es por la que han desarrollado la investigación por muestreo para conseguir un cuadro más exacto del impacto letal de los conflictos en los civiles, para así facilitar que los gobiernos, las agencias de las Naciones Unidas y las ONG respondan de forma más adecuada.

El método de investigación por muestreo utilizado en zonas de guerra se adoptó a partir de la práctica epidemiológica en otros tipos de crisis de sanidad pública, mediante la investigación de una muestra representativa de grupos de población para valorar la extensión total de un problema sanitario que afecte a toda la población. Como Les Robert señalaba: ‘En 1993, cuando el Centro para el Control de Enfermedades de EEUU seleccionó al azar 613 hogares en Milwaukee y concluyó que 403.000 personas habían desarrollado Cryptosporidum en el mayor brote jamás recogido en el mundo desarrollado, nadie dijo que las 613 unidades familiares no fueran una muestra suficientemente grande. Resulta extraño que la lógica de la epidemiología abrazada cada día por la prensa en relación a nuevas medicinas o riesgos sanitarios cambie de alguna manera cuando el mecanismo que produce la muerte son sus fuerzas armadas’ (138).

En Iraq, en septiembre de 2004, los equipos epidemiológicos investigaron 988 unidades familiares en 33 grupos de diferentes partes del país, tratando de equilibrar el riesgo de los equipos de investigación con el tamaño necesario para una muestra significativa. Michael O’Toole, director del Centro Internacional de Salud en Australia, dijo: ‘Es un tamaño clásico de muestra. No veo prueba alguna de exageración significativa… En todo caso, creo que las muertes deben haber sido más porque no han podido trabajar con las familias donde todos sus miembros habían muerto’.

Más allá de la falsa controversia en los medios acerca de la metodología de esos estudios epidemiológicos, había una cuestión importante en el estudio de 2004 en relación con las cifras, que fue la decisión de excluir de los datos a un grupo de Faluya debido al altísimo número de muertes que se sabía se habían perpetrado allí (incluso aunque la investigación se completara antes del ataque final contra la ciudad en noviembre de 2004). Roberts escribió en una carta a The Independent: ‘Por favor, comprendan que fuimos extremadamente conservadores: hicimos una estimación para el estudio de 285.000 personas muertas en los primeros dieciocho meses de invasión y ocupación, y acabamos informando que habían sido al menos 100.000’.

El dilema al que se enfrentaron fue éste: en los 33 grupos investigados, 18 informaron de muertes no violentas (incluido uno situado en Ciudad Sadr), los otros 14 grupos informaron de un total de 21 muertes violentas y la muestra de Faluya informó de 52 muertes violentas. Esta última cifra es conservadora por la razón subrayada por Michael O’Toole. Como el informe afirmaba: ‘23 hogares de los 52 visitados habían sido temporal o definitivamente abandonados. Los vecinos entrevistados describieron una gran mortalidad en la mayor parte de los hogares abandonados pero no pudieron dar detalles precisos como para poder incluirlos en la investigación’.

Dejando a un lado este último factor, había tres posibles interpretaciones de los resultados de Faluya. La primera, que fue la que los epidemiólogos adoptaron, era que el equipo había tropezado al azar con una muestra de hogares donde el número de muertos era tan alto que no resultaba representativo y por tanto no era importante para la investigación. La segunda posibilidad era que ese resultado considerado entre los 33 grupos, en el que la mayor parte de las víctimas pertenecían a un grupo y muchos otros daban cero víctimas, era una representación precisa de la distribución de víctimas civiles en un país sometido a bombardeo aéreo de ‘precisión’. La tercera posibilidad, que incorporaba eficazmente las dos anteriores era que el grupo de Faluya era atípico, pero no lo suficientemente anormal como para justificar su exclusión total del estudio, por eso el número real de exceso de muertes está en algún lugar entre las cifras de 100.000 y 285.000.

Sin embargo, en cada caso, esas cifras eran sólo el punto medio de un registro estadístico, dejando una considerable incertidumbre acerca del número actual de muertos. Los epidemiólogos hallaron, con un 95% de seguridad, que el exceso de muertes como resultado de la guerra, excluyendo el 3% del país representado por la muestra de Faluya, estaba en algún punto entre 8.000 y 194.000. En sí mismo, esto no apenas podía ser una conclusión sólida o satisfactoria.

No obstante, era muy improbable que el número actual de muertos estuviera cercano a cualquiera de esos extremos y había un 90% de probabilidades de que fueran más de 44.000.

La muestra de Faluya, al representar estadísticamente al 3% más devastado del país, informaba de 52 del total de 73 muertes violentas halladas en la investigación. Incluso aunque esta no fuera una representación perfecta de la distribución de las muertes violentas, por definición, esas zonas del país sufrieron considerablemente mucho más que otras áreas y, sin embargo, la estimación publicada de 100.000 muertes violentas incluía efectivamente cero muertes violentas en esas zonas. El equipo investigador que visitó Faluya informó que ‘inmensas zonas de la ciudad habían quedado tan devastadas en igual o peor grado que la zona que había elegido al azar para investigar’, por tanto el área elegida pareció de hecho ser representativa de muchas zonas gravemente bombardeadas. Uno podía por tanto llegar a la estimación de ‘alrededor de un exceso de 100.000 muertes o más’ al estudiar los datos de la investigación de varias formas, lo que hizo que los autores confiaran firmemente en su interpretación. Hubo otros sesgos conservadores integrados en el estudio, como el de ignorar las casas vacías y bombardeadas, como Michael O’Toole indicaba, pero no se hizo ninguna crítica seria de que su método pudiera provocar una sobrevaloración de muertes. La principal crítica, formulada por políticos y periodistas, fue que estos estudios producían estimaciones más altas que las del recuento pasivo, pero eso es exactamente lo que uno podía esperar.


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