Posted by: anotherworldip | 10/01/2011

chile

Entre negocios y derechos

 

Doctor en Historia, docente de la Universidad de Santiago de

Chile, director de ECO, Educación y Comunicaciones, el

autor de este artículo presenta con toda claridad la

naturaleza del actual conflicto estudiantil chileno.

POR  MARIO GARCES DURAN

 

 

 

 

LOS CARROS HIDRANTES. Son la mejor respuesta que encontró el gobierno chileno para el problema estudiantil.

 

 

 

 

En el verano de 1981, la dictadura de Pinochet dictó una nueva Ley de Universidades, que por una parte, desarticulaba las tradicionales universidades públicas, y por otra, estimulaba la formación de universidades privadas. En el primer caso, las viejas universidades perdían sus sedes provinciales, o eran reestructuradas para dar origen a nuevas casas de estudios y se modificaban también sus formas de gobierno. Pero, junto a estas reformas, se establecía un sistema arancelario para el conjunto del sistema. Desaparecía de este modo la gratuidad y las formas de arancel diferenciado que existían en Chile (pagar de acuerdo a los ingresos familiares). Los estudiantes que accedían a la Universidad, rindiendo una prueba de ingreso y que carecían de recursos para estudiar, podrían solicitar al Estado un “crédito universitario”, que comenzarían a pagar una vez terminados sus estudios. En el caso de las universidades privadas, que por ley no deberían tener “fines de lucro” (ley que todos los chilenos reconocen que no se aplica) tuvieron un desarrollo gradual al principio y explosivo en las últimas décadas. Los estudiantes que ingresaban a las universidades privadas no tendrían las exigencias de puntaje en la prueba de ingreso como las públicas, pero no contarían con crédito universitario, de tal modo que pagarían sus familias. Pero, en la medida en que crecieron las universidades privadas y sus postulantes, también crecieron los aranceles (entre US $ 300 y 1.200 mensuales paga un estudiante chileno, según la carrera escogida; de menor costo las humanistas y de más alto, las ingenierías y medicina). Entonces, bajo el gobierno del presidente Lagos, ya en democracia, se creó un sistema de préstamos en la banca privada con “aval del Estado”. El “negocio” de la Educación Superior parecía navegar viento en popa.

Si esto ocurría con la Educación Superior, con la Educación Básica y Media, el Estado también comenzó a desembarazarse de sus antiguas responsabilidades republicanas, mediante dos caminos, por una parte, reconocer y estimular el desarrollo de colegios a cargo de “sostenedores”, es decir de privados que fundan un colegio y el Estado les asigna una subvención por estudiante. Estas nuevas instituciones privadas, pero que operan con fondos del Estado, pueden tener fines de lucro, y además, de nuevo en democracia, se les autorizó para que implementaran un sistema de “financiamiento compartido” (es decir, a la subvención que el Estado realiza por estudiante, se podría sumar un aporte adicional de los padres). Por otra parte, allí donde no surgiera la iniciativa privada el Estado se haría cargo de la educación de niños y adolescentes, de manera descentralizada, a través de los municipios, los que crearían “corporaciones” para estos fines. Hacia 2011, del 100% de escolares chilenos, un 40% estudia en colegios municipalizados, un 51% en colegios subvencionados (el de los sostenedores) y un 7% en colegios privados. Lo interesante, al revisar la evolución de la matrícula, es que en los últimos diez años, el sector que más crece es el de los sostenedores (saltaron de un 36% de la matrícula en 2001 al 51% en 2011). O sea, en la educación básica y media, el negocio de la educación también parecía navegar viento en popa.

Sin embargo, el sistema educativo chileno, regido más por las leyes del mercado que por leyes republicanas, comenzó a evidenciar problemas; entre otros, y el más estructural de todos, se constituyó en un sistema de reproducción sistémica de las desigualdades (a mayor pago por los estudios, mayor garantía de éxito); el endeudamiento creciente de las familias, sobre todo de la clase media, que debían solventar los costos de los crecidos aranceles; pero también, comenzó a evidenciar problemas relativos a la calidad educativa.

En contra de este sistema de generación de desigualdades, de endeudamiento familiar y de reprobada calidad en sus rendimientos, se han movilizado los estudiantes chilenos. A principios del 2000, los secundarios tomaron las calles e interpelaron al presidente Lagos en un movimiento denominado “mochilazo” (iniciaron el movimiento demandando regularizar el “pase escolar”). Luego, en 2006, volvieron a las calles y se tomaron sus colegios a lo largo del país, en lo que los medios de comunicación denominaron la “revolución pingüina”. Entonces, pusieron en jaque a la presidente Bachelet y provocaron la renuncia del ministro de Educación. Los estudiantes secundarios, mediante sus movilizaciones hicieron posible que se modificará parcialmente la LOCE (ley general “orgánica” de educación promulgada por Pinochet poco antes de dejar el poder). A pesar de estos logros, el movimiento de los secundarios de 2006 fue cooptado y más bien atrapado en los pasillos de la casa de gobierno y en los intersticios institucionales. Bachelet formó una Comisión de expertos con débil participación de los estudiantes, cuyo resultado fue la LGE, una versión mejorada de la antigua ley de educación, pero que no modificó los asuntos relativos a la externalización (sostenedores) ni al lucro (universidades privadas).

Los universitarios, por su parte, desde los años 90 han protagonizado también diversas movilizaciones (petitorios, marchas, paros, tomas de Universidades), pero sin la masividad ni el impacto que alcanzaron los secundarios en 2006. Sin embargo, este invierno de 2011, en que se han unido secundarios y universitarios, la situación es distinta. Se han sucedido las marchas, que fueron sumando adherentes, tanto entre los propios estudiantes, como entre los profesores de educación media y universitarios, trabajadores en conflictos sectoriales (los subcontratados del cobre), empleados públicos, etc. La primera marcha sumó 20 mil participantes a mediados de mayo; a fines de junio llegaron a 120 mil, según la policía, a 200 mil, según los organizadores; y, en el peak , a mediados de agosto, se reunieron 700 mil personas en el Parque O´Higgins, de Santiago.

Las demandas de los estudiantes, si bien han evolucionado, cuando ya se suman cuatro meses de movilizaciones, se han concentrado en la exigencia de poner “fin al lucro”; educación gratuita; desmunicipalización; aporte basal serio y real a las Universidades Públicas. En pocas palabras: responsabilidad social del Estado para garantizar el derecho a la educación.

Las respuestas del gobierno, hasta ahora, como sabiamente calificó la dirigente de la FECH, Camila Vallejos, han sido “ideológicas”, es decir mejoras dentro del mismo sistema regido por el mercado (una superintendencia que fiscalice y regule la calidad; una baja en la tasa de interés de los créditos; desmunicipalización gradual; aporte basal no precisado a las universidades públicas, etc.).

Es difícil predecir el resultado de la movilización estudiantil, ya que lo que está en disputa son dos concepciones acerca del papel del Estado y del mercado con relación a la educación. Pero, el movimiento estudiantil ha gavillado, con sus movilizaciones, una crisis política, que ha hecho visible el descreimiento en la capacidad de la actual “clase política” chilena para encontrar una salida al conflicto.

 

fuente revista Ñ:

http://www.revistaenie.clarin.com/ideas/La_educacion_en_Chile_0_564543549.html


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