Posted by: anotherworldip | 02/12/2012

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1)

La independencia interna de un juez

 

Por E. Raúl Zaffaroni *

Los jueces deben ser independientes, o sea, estar protegidos de los factores de poder, sean de la naturaleza que fuesen. Esa independencia externa les posibilita el ejercicio de su función, decidiendo conforme a su comprensión del derecho que, como es sabido, no es única ni unívoca. Si bien hay cuestiones de única solución, éstas no son las más delicadas, en las que pesa la cosmovisión que tenga cada intérprete del derecho. Se sabe que en el campo de la discusión jurídica, no es lo mismo un juez conservador que uno liberal.

Pero esta independencia externa no basta para garantizar la función judicial, pues el juez no puede decidir conforme a su entendimiento del derecho si no goza de independencia interna dentro del propio Poder Judicial.

Una judicatura bien organizada, en el marco de un Estado de derecho, sólo logra la imparcialidad cuando se garantiza el pluralismo ideológico, o sea, cuando sus integrantes tienen diferentes concepciones y consiguientes interpretaciones del derecho. No hay otra imparcialidad posible, porque como bien decía Carnelutti, los humanos no podemos ser imparciales porque todos somos parte. El juez es un ser humano, con su sistema de ideas y preferencias, su propia concepción del mundo y su consiguiente interpretación del derecho.

Una judicatura democrática debe garantizar el pluralismo en el entendimiento del derecho y, por tanto, el debate interno. Lo contrario es suponer que hay Übermenschen, superhumanos, que están más allá de los valores, y por suerte éstos no existen, o los pocos que existen están bajo tratamiento psiquiátrico.

Para garantizar el pluralismo como condición de imparcialidad democrática, el juez debe gozar de independencia interna, es decir, de garantías ante los propios cuerpos colegiados de la judicatura.

Un Poder Judicial no es una corporación vertical ni mucho menos. Es sabia la disposición de la Constitución italiana, que dispone que no hay jerarquías entre los jueces, sino únicamente diferencia de competencias. Tan juez lo es el del tribunal de última instancia como el de primera. La pluralidad de instancias sirve para hacer prevalecer la decisión de los jueces del cuerpo plural, pero éstos no pueden impartirles órdenes a los de primera instancia en cuanto al modo de decidir en derecho, pues son tan jueces como ellos. Si sus decisiones no coinciden con las de los jueces de instancias menores, lo que deben hacer es revocar lo decidido.

El modelo de Poder Judicial corporativo, donde no hay independencia interna, hace que los cuerpos colegiados supremos consideren a los otros jueces como sus subordinados o amanuenses, que deben repetir sólo lo que éstos deciden.

El origen del modelo judicial corporativo es napoleónico y cundió por toda Europa en el siglo XIX, hasta su desprestigio político en el siglo XX, porque los jueces alemanes no se inmutaron cuando se separó a los jueces judíos, los franceses en masa juraron fidelidad al gobierno de Vichy, los italianos siguieron funcionando sin problema bajo el fascismo y los españoles y portugueses bajo el franquismo y el salazarismo.

Más allá de todas las consideraciones que merezca el caso Garzón en cuanto a intencionalidad ideológica y cualquiera que sea la simpatía o antipatía que despierte su conducta, lo cierto es que la condena del Supremo español representa un peligro para todos los jueces del mundo, por el ejemplo de autoritarismo y verticalismo interno que pone de manifiesto.

La intolerancia de un cuerpo supremo a los criterios dispares de los jueces de primera instancia revela una decisión que pone fin a la independencia interna de los jueces y consagra una dictadura de los órganos supremos.

El caso Garzón no es un juicio a un juez, sino una agresión incalificable a la independencia interna de los jueces y una regresión al modelo napoleónico de verticalismo interno corporativista, incompatible con una magistratura democrática.

Cualquier juez del mundo, ante semejante ejemplo, puede pensar qué le puede suceder a él, mucho menos conocido públicamente. Es un peligroso mensaje a los jóvenes, de carácter disciplinarista, autoritario, vertical, que busca asegurar un pensamiento único dentro de una judicatura.

No olvidemos que el juez de primera instancia tiene mucho poder inmediato, pero decide en soledad, lo que lo hace más vulnerable al temor que le puede infundir un cuerpo supremo que pierde su camino y olvida que su función es precisamente la de garantizar la independencia interna, sin perjuicio de la responsabilidad que le incumbe de corregir lo que no comparte en una instancia definitiva.

El daño que esto provoca a la independencia judicial es enorme. El ejemplo puede cundir. La sensación de poder que deriva de un sitial en el cuerpo supremo de cualquier país puede sentirse estimulada con semejante decisión aberrante. En particular puede suceder en Europa, donde se avecinan conflictos serios y difíciles. Otros cuerpos supremos pueden verse tentados de desviar su competencia y confundir ésta con una jerarquización corporativa. La publicidad mundial del caso puede facilitar la confusión de competencia con superioridad jerárquica.

La importancia de la independencia interna es fundamental. La violación de la independencia externa es escandalosa pero esporádica, en tanto que el desconocimiento de la independencia interna se sufre cotidianamente y en cualquier caso, abre las puertas a todos los vicios burocráticos, las insidias y las habladurías, la hipocresía y el servilismo al pretendido superior, los jueces pierden ciudadanía para pasar a la condición de súbditos sumisos del cuerpo máximo.

Ante este avance contra la independencia interna de los jueces, sea cual fuere el juicio personal acerca del juez Garzón, de sus ideas y de su conducta, los jueces del mundo no pueden quedar callados, pues el silencio implica serruchar la rama en que todos están sentados.

* Ministro de la Corte Suprema de la Nación.

 

2)

El caso Garzón

 

Por Santiago O’Donnell

Hay algo que no cierra en el caso Garzón. Ya sabemos que fue un gran juez, quizá el más importante del último siglo. Que hizo avanzar al derecho a través de sus sentencias. Junto a sus colegas impulsores del principio de Justicia Universal estableció doctrinas que fueron adoptadas por Constituciones y cortes en todo el mundo, para que la Justicia pueda llegar hasta donde antes no podía llegar, hasta el corazón del poder, para levantar el manto de impunidad que existía sobre el terrorismo de Estado. No fue el único pero sí el más efectivo, porque entendió que la etapa de hablar sólo a través de las sentencias había pasado y supo usar su alto perfil mediático como un contrapeso efectivo contra estos grandes poderes, porque, como ya sabemos, la Justicia evoluciona de acuerdo con los tiempos políticos. Entonces nos enteramos de que tiene pinta, que le gustan los toros, la caza y la política. Y nos vamos enterando de sus hazañas, por ejemplo, que sus simpatías por el socialismo español no le impidieron investigar a funcionarios de ese partido por terrorismo de Estado. O que fue tan implacable con la ETA como con los dictadores de la derecha que persiguió por todo el mundo, hasta meter preso al mismísimo Pinochet. En suma, un juez ecuánime, valiente e innovador.

Bueno, como ya sabemos, a ese tipo acaban de condenarlo a once años de inhabilitación. Dicen que al investigar los crímenes del franquismo pateó un hormiguero y la clase política no se lo perdonó. Sería como meterse con la ley de amnistía acá en la Argentina como hicieron los K, pero mucho peor, porque la amnistía de los españoles regía desde la década del setenta. Dicen que los acusadores son unos fachos medio truchos con buenos contactos dentro del sistema judicial. El mismo Garzón dijo que la sentencia es una barbaridad, que no la acepta de ninguna manera. “Rechazo frontalmente la sentencia. Lo hago por entender que me condena de forma injusta y predeterminada”, declaró el ahora ex juez. Hasta un par de Altos Comisionados de las Naciones Unidas salieron a hablar en su favor. Encima a la opinión pública española no le gustó que lincharan a su juez preferido. En fallo dividido, decidió que había sido víctima de una persecución política.

En este escenario, uno espera encontrarse con una sentencia payasesca emitida por un tribunal al borde del ridículo, una versión burda de la mayoría automática de Menem, con un comisario de presidente, un tenista cheto de vice, un representante del Opus Dei, algún rezagado de la Corte anterior y un par más para hacer negocios. Uno espera un fallo medio dividido, generoso con Garzón en los considerandos, lleno de mamarrachos jurídicos pero medio pícaro, como para cumplir con la orden de Rajoy, salvar las apariencias y limitar el papelón.

Pero resulta que nos encontramos con que el fallo lo emitió el mismo Tribunal Supremo que lo declaró competente a Garzón y otros jueces españoles para perseguir a dictadores por todo el mundo. Un tribunal tan pionero a nivel Corte como Garzón a nivel juez, en la aplicación del principio de Justicia Universal. Un tribunal que no es cuestionado por la sociedad española y que no recibió ningún pedido de juicio político por juzgar y/o condenar a Garzón, ni nada que se le parezca.

El abogado de Garzón, Francisco Baena Bocanegra (foto, izq.), sonó tímido al hablar del fallo en comparación con la indignación que habían expresado otras personas en todo el mundo con menos acceso al expediente. De hecho, el letrado eludió una crítica del fallo para apuntarle a la instrucción. “Una sentencia como ésta necesita una reflexión profunda y yo aún no la he leído atentamente, pero el rastro que ha dejado esta instrucción, de denegación de pruebas, indefensión, recusaciones no aceptadas, permite recurrirla sin dudas”, dijo Baena.

Entonces vamos al fallo. Un fallo durísimo, que no se ahorra la palabra “totalitaria” al calificar la conducta del acusado. “La sentencia ha sido adoptada por unanimidad por los siete juzgadores. Al presidente, Joaquín Jiménez y, al magistrado Andrés Martínez Arrieta se les atribuían posiciones menos beligerantes contra Garzón. Sobre la posición del ponente, Miguel Colmenero, considerado el jefe del sector conservador de la sala, y de los magistrados del mismo sector Ramón Berdugo y Francisco Monterde no había demasiadas dudas. Y respecto de los jueces Manuel Marchena y Luciano Varela, que se han significado como instructores de otros proceso contra Garzón, sus inclinaciones eran inequívocas, dice el diario español El País. Por cierto, el matutino pro Garzón expresa cierta sorpresa ante la firmeza y unanimidad de un tribunal al que describe como más bien heterogéneo.

Entonces vamos a lo que dice el fallo. No lo encuentro completo en El País pero sí por suerte en la página del derechista ABC. No voy a aburrir con detalles, pero hay distintas maneras de contar lo que pasó. Quienes queremos y admiramos a Garzón solemos decir que fue condenado por pincharles los teléfonos a políticos corruptos del partido de la derecha en el poder con el fin de desarticular una poderosa red de lavado de dinero con vinculaciones en las altas esferas del poder. Es cierto, pero no es toda la verdad. Para ser más precisos, Garzón ordenó pinchar conversaciones entre unos presos y sus abogados. Parece que la ley española es bastante clara al respecto y que sólo se puede hacer de manera excepcional en casos de terrorismo, y sólo si hay indicios firmes de que los abogados estaban cometiendo crímenes. Garzón dijo que los pinchó porque había indicios y porque no había otra manera de encontrar el dinero que los presos escondían a través de sus abogados. El Tribunal dijo que Garzón ignoró el tema del terrorismo y nunca dijo qué indicios tenía en contra de los abogados. Más aún, dijo que cuando cambiaban los abogados, Garzón automáticamente pinchaba al abogado nuevo, por lo cual era casi imposible que Garzón ya tuviera indicios sobre un abogado que acababa de conocer.

Garzón se defendió diciendo que en el Congreso español había un proyecto de ley para reformar el Código Penal para extender pinchaduras de abogados más allá del terrorismo. El tribunal contestó que ese proyecto no sólo nunca se aprobó, sino que el Congreso terminó rechazándolo. Otro argumento muy difundido en los medios que usó Garzón es que los fiscales y un par de jueces locales de primera instancia avalaron sus pinchaduras. Es cierto y es de esperarse que esos funcionarios sean juzgados con la misma vara y de acuerdo con el nivel de sus responsabilidades. Pero como argumento jurídico no resiste el contrafáctico “mal de muchos consuelo de tontos”.

Claro que los jueces del Tribunal tenían que dar por probado no sólo que Garzón había violado la ley, sino que lo había hecho a propósito, pues de eso se trata el delito de prevaricato. A mí me parece que en el fondo de su corazón Garzón está convencido de que no violó la ley a sabiendas, tal como él entiende La Ley. Pero es entendible también que el Tribunal no se deje llevar por mi corazonada. Fallaron que Garzón sabía lo que hacía por dos razones: primero, porque al ordenar las pinchaduras invocó la ley antiterrorista, sabiendo que no investigaba terrorismo sino lavado. Segundo, porque la pinchadura automática de los abogados nuevos demuestra que no tenía indicios de actividad criminal de los abogados, aunque escribió que tenía esos indicios sin explicitarlos. Todo medio complicado pero hasta ahí lo pude entender.

No soy abogado. No voy a criticar la sentencia que nadie más criticó, ni siquiera el abogado de Garzón, en medio de un océano de críticas en contra del proceso. Tampoco soy tan ingenuo como para pensar que la Justicia es independiente de la política. Pero reconozco que la política puede tener un peso relativo en las sentencias del más alto tribunal de una democracia consolidada, en relación con el peso de las evidencias y lo que dice la ley. Así funciona el sistema.

Como se ha dicho muchas veces en estas páginas, nada de esto borra la historia. Garzón será por siempre el gran juez del siglo veinte y los argentinos le estaremos eternamente agradecidos. ¿Pero es posible decir desde la defensa de los derechos civiles, sobre todo de los sectores más vulnerables como son las poblaciones carcelarias, aun en un caso en que los reos son unos empresarios ricos y bien conectados, y que el juez en cuestión es un ídolo, podemos decir que pinchar teléfonos de abogados vulnera el derecho de defensa? Porque cuando se pierde esa protección, los que más lo sufren son los inocentes, los perejiles y los ladrones de gallinas. ¿Podemos decir desde ese lugar que hemos perdido a un gran juez, quizá entre otras cosas porque Garzón, en su afán de justicia, de tan creativo y ambicioso en el buen sentido que es, humano como es, cometió un error? ¿Se puede decir que en las grandes ligas de la política internacional donde supo brillar Garzón, esos errores se pagan caro? ¿Se puede decir, sin falsos maniqueísmos y sin entrar en el juego de nadie? Ojalá que sí.

fuente:

http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-187428-2012-02-12.html

 


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